El caso de la desaparición de José Huenante es uno que ha pasado relativamente desapercibido en la prensa masiva, pero que ha causado una polémica entre el gobierno y algunas organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, en particular el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y posteriormente la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Esta polémica se originó a partir de la inclusión por parte del Centro mencionado del caso de José Huenante en su Informe sobre Derechos Humanos, lanzado recientemente. A continuación reproduciremos cómo sucedieron los hechos, como se describen en una declaración pública de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos:
“El joven José Huenante fue detenido por Carabineros, un día 3 de septiembre de 2005 aproximadamente a las 2:30 de la madrugada en el sector de Vicuña Mackenna en Puerto Montt y desde esa fecha se desconoce su paradero, con los siguientes agravantes: adulteración del número de detenidos esa noche, donde decía 2, se borra y ponen 1; no se justifican los kilómetros recorridos por las patrullas esa noche; extrañamente no aparece actividad policial entre las 02:00 y las 06:00 de la mañana del día en que se practica la detención. Han pasado 4 años y nada se sabe de él.”
A la gravedad de esta situación se sumó la polémica entre el gobierno y organizaciones de derechos humanos, que incluso puede llegar a ser tan preocupante como el hecho mismo, porque desde el gobierno –en palabras del ministro Viera-Gallo- se desmintió que se estuviera en presencia de un caso de desaparición forzada –término utilizado en el Informe de Derechos Humanos-, porque según el ministro, la desaparición forzada se da sólo en casos cuando existe un móvil anterior o superior al hecho, por ejemplo, motivaciones políticas, étnicas, religiosas o de otra índole.
Sin embargo, tal y como dice Jorge Contesse, del Centro de DDHH de la UDP, en la Convención Internacional contra desapariciones forzadas, firmada por Chile, se establece que “se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Como en este caso sí hubo detención de una persona por parte de agentes del Estado y posteriormente la negativa a reconocer dicha situación, ocultando el paradero de la persona, sí se puede hablar de “desaparición forzada”.
Lógicamente, como señaló el ministro, este caso no puede homologarse a lo que se conoce como terrorismo de estado, que es una política conciente desde el Estado para eliminar una parte de la población a través de torturas, desapariciones y asesinatos, situación vivida, por ejemplo, durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet.
Pero a nosotros, y en general, a las organizaciones que defienden los derechos humanos, nos parece preocupante que el gobierno use a la dictadura como un chivo expiatorio de sus propias faltas. En este caso, el ministro evidentemente trató de bajarle el perfil a la situación comparándola con el terrorismo de Estado, en lugar de comprometerse a llegar a la verdad y de sancionar a los culpables. Pero el hecho concreto es que una persona desapareció a manos de agentes del Estado, que hubo modificaciones anómalas de los expedientes de procedimiento y que aún no se conoce el paradero del joven involucrado, situación ante la cual las autoridades reaccionan cautamente, con suerte.
Y es el fondo del asunto lo preocupante, que el gobierno en lugar de comprometerse a realizar cambios concretos que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, saca el “comodín” de los delitos de la dictadura, delitos gravísimos pero que no disminuyen su propia falta. Y es que ya somos testigos de varios de estos “hechos aislados” de esta índole. Recordemos, por ejemplo el caso del joven arquitecto que murió en Bellavista este año.
En estos “hechos aislados” se confía en una investigación interna o en una justicia militar que goza de atribuciones anómalamente amplias, donde los funcionarios son juzgados por sus pares, lo que impide llevar a cabo un debido proceso, como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es de esperar que en esta época en que el gobierno celebra el casi inminente ingreso de Chile a la OCDE, se dé cuenta también de sus falencias en una materia tan sensible –incluso para muchos de sus integrantes, incluyendo a la presidenta- como los Derechos Humanos. Porque José Huenante desapareció en manos de agentes del Estado Chileno, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero.
