Pero, ¿de qué se tratan estos hechos? ¿Hemos vuelto a una reivindicación de la lucha armada por parte de los movimientos antisistémicos? En primer lugar, debemos recordar que la lucha armada es legítima en nuestra sociedad, siempre y cuando sea ejercida por parte del Estado. El Estado es el organismo al cual se le ha dado el monopolio de la violencia, en palabras de Max Weber. Como recordaremos, hace un tiempo tuvimos de invitado a Wilfredo Urbina, quien nos habló de este tema y también, de cómo el Estado tuvo que hacerse cargo de la fuerza para generar instrumentos de dominación hacia toda la sociedad. Por tanto, la lucha armada, siempre ha existido, tanto en movimientos de gran algidez en la conflictividad social, como las décadas de los 70 y 80, hasta en momentos considerados de “paz social”, como en los últimos 20 años. Así, el estado, por medio de sus diversas fuerzas de represión, como Carabineros, Policía de Investigaciones, y el resto de las Fuerzas Armadas, tienen la legitimidad social para utilizar la fuerza cuando la dominación estatal es amenazada por agentes externos, “antisistémicos” si se les quiere llamar.

No es extraño, entonces, que otros grupos intenten utilizar la fuerza como un ente legítimo de búsqueda de hegemonía social. La hegemonía estatal está ampliamente legitimada por la sociedad chilena, y ver que grupos que están ajenos a este tipo de dominación intenten reivindicar su “derecho” de ejercer la violencia, es altamente repudiado por el ciudadano de a pie. Pero veamos más de cerca los hechos.

El 12 de Agosto de este año, explotaron dos bombas ubicadas en distintos gimnasios del sector oriente de Santiago. El Sportlife, de camino el alba, en Las Condes, y el Balthus,  ubicado en Monseñor Escribá de Balaguer, en Vitacura, fueron los afectados por estos atentados incendiarios. Frente a esto, la Subsecretaria del Interior, Carolina Tohá, manifestó que “Estos hechos merecen toda nuestra condena, en la democracia chilena no se necesita poner bombas para plantear ninguna idea, hay todos los canales para poder expresarse de una manera respetuosa en los derechos de los demás sin intimidar, sin amenazar la seguridad de las personas”.

Hagamos un breve recuento de los hechos recientes. A raíz de un atentado explosivo realizado el día domingo contra una sucursal del BBVA en la comuna de Las Condes, Patricio Rosende declaró que conocía las líneas generales de la investigación por los bombazos y que le parecía “…que hay en ellas elementos suficientes como para avanzar un poco más rápido”, además agregaba que “confío en que las Fiscalías van a darnos buenas noticias en el curso de esta semana”. Al parecer la acción contra el BBVA, por los panfletos encontrados que exigían la libertad de los “compañeros presos y consignas contra el Estado y el Capital”, se inscribiría en la jornada de agitación y solidaridad con los compañeros secuestrados por el Estado chileno, jornadas que fueron catalogadas por Rosende y la prensa como “Cumbre Anarquista”, al estilo de un congreso, e incluso algunos llegaron a hablar de un “seminario”. Esta acción sucedió casi 3 semanas después del atentado con bomba que burló la seguridad del Hotel Marriot y un atentado contra el Bancoestado de Avenida Recoleta. Además la entre comillas “jornada solidaria por los compañeros en prisión” estuvo salpicada de incidentes como una bomba de ruido en el Mc’Donalds de Talca,  una marcha en el Paseo Ahumada y una acción de agitación afuera de los tribunales de justicia. Además hubo cortes de ruta en Valparaíso y acciones de explosivos simulados en Curicó (firma grupo Curikaos) (*) y Metro Estación Baquedano, aparte de “actividades solidarias en Villa Francia” y otros territorios. Según los organizadores de este tipo de hechos, se “marcó un hito en las convocatorias desde el espacio social libertario-autónomo”, donde se lograron converger distintas voluntades, iniciativas y acciones logrando in significativo impacto, dando una connotación de hito y punto de inflexión también para el Estado, que parece ahora decidido a escalar la represión con cárcel y el amedrentamiento de los espacios sociales con presencia anticapitalista.

Podemos ir mucho más atrás en los hechos, y recordar la bomba molotov lanzada a una ventana de la moneda, el 11 de septiembre del 2006. Frente a ello, se ejecutó por parte del Ministerio del Interior, una mediática campaña en contra de todo tipo de movimiento antisistémico. Punks, Anarquistas, Okupas; cualquier movimiento que tuviese como pensamiento un ideario en contra del Estado, estaba siendo sometido al escrutinio público. En ese momento, de gran algidez producto de los movimientos sociales que se establecieron (recordemos el Movimiento Pingüino), cualquier persona que tuviese en su poder libros de autores considerados peligrosos para las autoridades (Bakunin, Kropotkin y otros). Se allanaron casas Okupa, se encontraron de dudosa manera elementos incendiarios, y todo pareció quedar en el olvido.

Pero los hechos de este año rescataron en nuestra memoria este tipo de incidentes. Sumando a esto la algidez del conflicto mapuche en el sur del país, en donde se ha denunciado la existencia de una gran cantidad de Presos Políticos Mapuche, los hechos reivindicativos han sucedido a la orden del día. La denuncia de una “nueva dictadura fascista” en  nuestro país, ha generado que todos los elementos ya mencionados (criminalización de los movimientos sociales, movimiento mapuche, anarquismo y otras corrientes de pensamiento, okupas,  etc.), comiencen a ser reivindicados desde una perspectiva “violenta”, utilizando la violencia dominada por el estado. Bajo esta lógica, si el estado tiene la capacidad de mostrar la inexistencia de la movimentalidad social, de minimizarla y condenarla a su vez desde una praxis de la violencia, ¿acaso no es válido que estos sujetos también nieguen la existencia del estado y utilicen la violencia para su negación?

Sin embargo, este mismo tipo de reivindicaciones termina transformándose en una lógica casi absurda. Reivindicar, por ejemplo, a Mauricio Morales quien, estúpidamente murió cuando explotó la bomba que iba a colocar mientras iba en bicicleta, o generar actos violentos en contra de personas que no tienen nada que ver con los hechos, como por ejemplo lo ocurrido en el Hotel Marriot, muestra que este tipo de enfrentamientos es un diálogo de sordos. Desde el estado, quien no ve que en la sociedad existen opiniones divergentes a su totalitarismo democrático, el cual sólo escucha a quienes les conviene escuchar, y a quienes no, los persigue e incluso los hace desaparecer, como se ha visto en el último tiempo. Desde los grupos “libertarios”, porque en su afán de subvertir el orden actual, terminan por hacerle daño a quienes deberían convencer que su proyecto de sociedad es mucho más justo que lo que promueve el estado. Atacar a la gente que va al banco por burgueses, es ver con una mirada cerrada sobre cómo en el mundo actual, el sistema bancario se transforma en una necesidad. Atacar a quienes les ha ido bien en el sistema, es casi paradójico, pues en el fondo quienes adhieren a ideologías revolucionarias son también “hijos del sistema”, y no son precisamente de los sectores más pobres de la sociedad.

Escucha Acá en el podcast

Esta polémica se originó a partir de la inclusión por parte del Centro mencionado del caso de José Huenante en su Informe sobre Derechos Humanos, lanzado recientemente. A continuación reproduciremos cómo sucedieron los hechos, como se describen en una declaración pública de la  Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos:

“El joven José Huenante fue detenido por Carabineros, un día 3 de septiembre de 2005 aproximadamente a las 2:30 de la madrugada en el sector de Vicuña Mackenna en Puerto Montt y desde esa fecha se desconoce su paradero, con los siguientes agravantes: adulteración del número de detenidos esa noche, donde decía 2, se borra y ponen 1; no se justifican los kilómetros recorridos por las patrullas esa noche; extrañamente no aparece actividad policial entre las 02:00 y las 06:00 de la mañana del día en que se practica la detención. Han pasado 4 años y nada se sabe de él.”

A la gravedad de esta situación se sumó la polémica entre el gobierno y organizaciones de derechos humanos, que incluso puede llegar a ser tan preocupante como el hecho mismo, porque desde el gobierno –en palabras del ministro Viera-Gallo- se desmintió que se estuviera en presencia de un caso de desaparición forzada –término utilizado en el Informe de Derechos Humanos-, porque según el ministro, la desaparición forzada se da sólo en casos cuando existe un móvil anterior o superior al hecho, por ejemplo, motivaciones políticas, étnicas, religiosas o de otra índole.

Sin embargo, tal y como dice Jorge Contesse, del Centro de DDHH de la UDP, en la Convención Internacional contra desapariciones forzadas,  firmada por Chile, se establece que “se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

Como en este caso sí hubo detención de una persona por parte de agentes del Estado y posteriormente la negativa a reconocer dicha situación, ocultando el paradero de la persona, sí se puede hablar de “desaparición forzada”.

Lógicamente, como señaló el ministro, este caso no puede homologarse a lo que se conoce como terrorismo de estado, que es una política conciente desde el Estado para eliminar una parte de la población a través de torturas, desapariciones y asesinatos, situación vivida, por ejemplo, durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet.

Pero a nosotros, y en general, a las organizaciones que defienden los derechos humanos, nos parece preocupante que el gobierno use a la dictadura como un chivo expiatorio de sus propias faltas. En este caso, el ministro evidentemente trató de bajarle el perfil a la situación comparándola con el terrorismo de Estado, en lugar de comprometerse a llegar a la verdad y de sancionar a los culpables. Pero el hecho concreto es que una persona desapareció a manos de agentes del Estado, que hubo modificaciones anómalas de los expedientes de procedimiento y que aún no se conoce el paradero del joven involucrado, situación ante la cual las autoridades reaccionan cautamente, con suerte.

Y es el fondo del asunto lo preocupante, que el gobierno en lugar de comprometerse a realizar cambios concretos que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, saca el “comodín” de los delitos de la dictadura, delitos gravísimos pero que no disminuyen su propia falta. Y es que ya somos testigos de varios de estos “hechos aislados” de esta índole. Recordemos, por ejemplo el caso del joven arquitecto que murió en Bellavista este año.

En estos “hechos aislados” se confía en una investigación interna o en una justicia militar que goza de atribuciones anómalamente amplias, donde los funcionarios son juzgados por sus pares, lo que impide llevar a cabo un debido proceso, como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es de esperar que en esta época en que el gobierno celebra el casi inminente ingreso de Chile a la OCDE, se dé cuenta también de sus falencias en una materia tan sensible –incluso para muchos de sus integrantes, incluyendo a la presidenta- como los Derechos Humanos. Porque José Huenante desapareció en manos de agentes del Estado Chileno, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Muchas veces escuchamos en los medios chilenos opiniones de espectadores, lectores, auditores y también de especialistas, que el Perú cuando se encuentra en medio de turbulencias políticas echa mano del nacionalismo, desviando la atención de sus problemas internos hacia los externos, específicamente con Chile.

Entonces, surge una pregunta que pareciera contestar el sentido común: ¿es el nacionalismo necesariamente equivalente a una postura hostil contra los vecinos? A juzgar por los comentarios ya referidos, pareciera que sí, que adoptar el nacionalismo se contrapone con los procesos de integración regional, del que Chile y Perú dicen querer participar…

Por ejemplo, el reconocido periodista y analista internacional José Rodríguez Elizondo, en una reciente columna contrapone la doctrina integracionista del partido del actual presidente Alan García, el APRA, con el nacionalismo. Se pregunta Rodríguez “¿hasta dónde puede estirarse el pragmatismo de García, para mantener la armonía entre el integracionismo y el nacionalismo vulgar?”.

Aquí se observa claramente el contraste entre lo que denomina el aprismo integracionista de la vieja guardia y el nacionalismo al cual ahora adhiere García. Para el analista, el hecho de que el presidente peruano haya sostenido que, comillas, “Nacionalistas somos todos (…) Para mí, nacionalismo significa potenciar al país”, significa un giro con respecto a sus dichos de años anteriores, en los que considera que la integración es, comillas, “el único proyecto de largo aliento que dará a nuestras democracias solidez y a nuestros pueblos, la profunda certeza del futuro”.

Lógicamente esta deducción es correcta para este caso en particular. Pero nosotros creemos que este contraste tan drástico debe ser matizado para los casos generales, porque teóricamente, el nacionalismo no se opone necesariamente a los procesos de integración regional.

Tomemos, por ejemplo el caso actual de la Unión Europea, donde el proceso de integración se ha argumentado desde el bienestar de la nación, no necesariamente del bienestar de Europa. El proceso de integración tiene como eje, por lo tanto, la nación, pues según el examen que se hizo inicialmente en lo que era la Europa Occidental de la Guerra Fría, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial había causado que las otrora potencias mundiales europeas, como Inglaterra, Francia o Alemania, se vieran opacadas por las dos superpotencias que actuaban como polos políticos, económicos e ideológicos: Estados Unidos y la Unión Soviética.

Por lo tanto, el impulso integracionista se basaba en el anhelo de preservar –o recuperar- la condición de potencia mundial de los países europeos. Es decir, nada muy alejado de lo que podríamos interpretar como nacionalismo, como la apelación o el uso discursivo o concreto de la nación.

Otro ejemplo de esto lo provee nuestra propia producción teórica latinoamericana durante el siglo XX, que valdría la pena recordar. Justo antes del comienzo de la década del cincuenta, la ONU se daba cuenta de un relativo abandono de América Latina con respecto a las ayudas financieras y monetarias que Estados Unidos otorgaba por aquellos años a países de Europa que se veían amenazados por el comunismo, en el llamado plan Marshall. Por ello, la Organización decidió crear la Comisión Económica Para América Latina, más conocida como CEPAL, que rápidamente se convirtió en un eje de creación de pensamiento económico y social propio de América Latina.

En ese contexto, se formuló la teoría económica del desarrollismo, como una forma de lograr el desarrollo de los atrasados países latinoamericanos, a partir de tres ejes principales: primero, una activa política de liderazgo del Estado en la economía, a partir de estímulos desde el Estado y su acción directa para corregir algunos problemas estructurales (como la reforma agraria); segundo, un énfasis en la producción industrial, lo que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones. Para lograr esas dos medidas, era indispensable el uso del nacionalismo, para convencer a las clases acomodadas que el desarrollo de sus países sería logrado solamente a través de su sacrificio inicial. Pero faltaba el tercer eje, la integración económica y política que permitiera la expansión de los mercados internos latinoamericanos, para apoyar el proceso industrializador.

Por lo tanto, los postulados teóricos y la experiencia económica desarrollista en América Latina ilustran de manera clara que el nacionalismo no es necesariamente enemigo de la integración, sino que, dependiendo de la base teórica en la cual se sostiene, incluso puede servirle de herramienta. Esto desmiente el antiguo mito, arraigado tanto en el público corriente como en los analistas especialistas, que el nacionalismo es una doctrina necesariamente reaccionaria y fragmentaria. En realidad, este fenómeno puede servir a los más diversos intereses y teorías políticas, desde la derecha más intransigente hasta la izquierda más dura; la figura de la nación, y su uso, son materia de disputas entre muchos proyectos políticos, por su capacidad movilizadora, su habilidad para convencer hasta a los más apáticos. No es coincidencia que en una época que muchos consideran de individualismo extremo y de apatía ideológica –el fin de la historia, como le llaman- los temas “nacionales” causen que cada país se cuadre con lo que se supone es su posición. Pero lo que debemos entender es que no existe una posición “verdaderamente nacionalista”, porque el nacionalismo se refiere más a los medios que a los fines políticos.

Entonces, si queremos ser rigurosos en el análisis de nuestra realidad, es indispensable que no metamos toda expresión de nacionalismo en el conocido saco del chauvinismo y la xenofobia, pues sería desconocer nuestra propia experiencia teórica, y nuestra propia herencia histórica.

Anterior a ello, en la carrera presidencial del año 2005, el candidato y empresario, Sebastián Piñera, hacía gala en sus discursos públicos, de su innegable pertenencia a la “clase media”. Él se sentía sumamente orgulloso de su pertenencia de clase, pues gracias al esfuerzo de su padre, un prominente empleado del sector público, pudo llegar a ser lo que era actualmente. Posterior a ello, y en relación a la crisis económica del binomio 2008-2009, su señora, Cecilia Morel, indicaba que les había golpeado fuerte la crisis –tal y como a cualquier familia de “clase media”–. Ya no tomaban Coca-Cola en la casa, aún cuando no era algo difícil de sobrellevar, pues estaban acostumbrados a hacer ese tipo de sacrificios. Rememoraba los tiempos en que sus hijos iban a la Universidad: obviamente iban en transporte público, y no en vehículo propio, algo que recalcaba “profundamente” su pertenencia a aquel sector social, permanentemente evocado por el discurso público y por los imaginarios colectivos.

Más atrás en la línea cronológica de nuestra historia reciente, en el año 1998, el publicista Marcelo Con Riera creó el ya mítico personaje “Faúndez”, un gásfiter proactivo y empeñoso, microempresario y trabajador por cuenta propia, que se transformó en uno de los íconos no sólo de la publicidad (fue incluso condecorado con el título de “hombre del año 1999”) , sino que también de lo que dentro del mismo medio denominaban como “clases medias emergentes”; era el vivo ejemplo del esfuerzo y del ‘poder ser’, un “self-made man” que había logrado su éxito en un modelo económico como el neoliberal y, más aún, en un período de crisis. Este éxito se coronaba con el símbolo de estatus de la época; el objeto del deseo de todo chileno con aspiraciones a “ser más”: un teléfono celular.

¿De qué estamos hablando o, más bien, qué es lo que están entendiendo cada uno de los personajes nombrados anteriormente por “clase media”? ¿Será acaso la clase media –como dice el asesor de Frei, Pablo Halperin– ese grupo tan heterogéneamente denominado como C2/C3 en la jerga publicitaria? ¿Será acaso la clase media, ese grupo de personas –tal como Piñera– que trabaja en el sector público (o bien desciende familiarmente de dichos trabajadores)? ¿O será esa clase media un grupo de emprendedores, no muy educados, pero sí ágiles y hábiles para adaptarse a las circunstancias macroeconómicas y, por tanto, sacarles el mayor provecho posible? ¿Qué es este grupo social y quiénes son estos sujetos que han complejizado tanto el análisis de nuestra sociedad?

No cabe duda de que la interpelación discursiva hacia un grupo social determinado ha sido un elemento corriente en la historia de Chile. En el siglo xix, hablar de sociedad, era hablar de oligarquía, ellos “eran” la sociedad. Posterior a ello, el proletariado se transforma en uno de los grupos predominantes en la discursividad social. En la dictadura se cambia el apelativo del pueblo a la “gente”, para denominar a quienes eran los receptores del discurso. Sin embargo, en los gobiernos de la concertación, dicha interpelación ha ido cambiando a través del tiempo. Desde el discurso dirigido al 50% de pobres existentes en 1990, se ha cambiado al 50% de “clase media” existente en la actualidad.

Sin embargo, dicha apleación al “ciudadano de a pie” es un tanto mentirosa. Se ha logrado subjetivar de tal manera el concepto de “clase media”, que cualquiera puede sentirse identificado con ella. Si lo pensamos desde el gobierno, clase media son los ciudadanos pertenecientes desde el segundo al cuarto quintil de ingresos, cosa que va desde los 250.000 pesos de ingreso (familiar) hasta los 900.000. Curiosamente, si pensamos las mediciones mas objetivas, la clase media es justamente el grupo social que comienza con ingresos desde 800.000 pesos hasta los 2.500.000. Es decir, dentro de dicho concepto, se está abarcando a toda la sociedad, desde un D, hasta un ABC1.
Todo lo anterior, en buena parte puede ser explicado por el crecimiento económico que se ha generado en chile desde 1990. Si observamos las cifras macroeconómicas, que muestran un aumento del PIB per cápita desde 2.500 dólares, en 1990, a unos 10.100 dólares en el 2008, en todos los ámbitos de la sociedad chilena hubo más dinero en las manos de sus poseedores, lo que no necesariamente signifique una mejoría sustantiva en sus condiciones económicas. Aquello se puede ver en la cantidad de dinero circulante (231.000 millones en 1990, a 2.400.000 millones). Sin embargo, con el solo hecho de sentirse con mayor cantidad de dinero, los individuos comienzan a sentir que ha mejorado su condición social (absoluta), siendo que solamente desde una perspectiva relativa –es decir comparándose a sí mismos y no comparándose con el resto de la sociedad– se puede decir que han mejorado sus condiciones de vida.

De hecho, si observamos una medición de la distribución del ingreso, como puede ser la medición por deciles, podemos observar que los cambios en la repartición de la riqueza han sido mínimos comparados con el crecimiento económico. O sea, a mayor cantidad de riqueza, las variaciones entre los distintos grupos sociales se han mantenido inalterables desde 1990. Ha sido un crecimiento relativo lo alcanzado por nuestro país en dicha materia, en la medida de que se van mejorando elementos materiales específicos (como el acceso a distintos bienes de consumo), pero en los elementos estructurales para una correcta repartición de los ingresos, esto se ha mantenido sin grandes variaciones.

Dados los antecedentes anteriores, cabe preguntarse nuevamente, ¿De qué clase media nos están hablando los candidatos? ¿De la clase media de Ñuñoa o la de Puente Alto o Maipú? Sin duda que utilizarlos discursivamente es una gran estrategia comunicacional para ganar adherentes –mal que mal, el 80% de los chilenos se autodenomina de “clase media” – pero en el momento de que tengan que cumplir sus promesas, nuevamente volverán las dicotomías. Tendrán que dejar de lado a quienes se autoreconocen como de “clase media” (y se han “ganado” dicho reconocimiento por otros), para nuevamente hacer una definición específica de dicho sector social, que convenga al gobierno de turno. No será extraño, entonces, que vaya cambiando dicho concepto a lo largo del próximo gobierno. Depende de los candidatos definir qué entienden ellos por clase media, y a quienes van a darle dichos beneficios.

Dentro de las razones, es posible señalar ciertos beneficios económicos para las parejas homosexuales, como la capacidad de heredar cuando uno muere, o la capacidad de poder iniciar una sociedad conyugal, tal y como los matrimonios heterosexuales.

Asimismo, existen ciertos beneficios legales, como la adopción, al cual no tienen acceso actualmente, y que marcan una diferencia con las parejas heterosexuales actualmente.

Sin embargo, cuando el tema se aborda solamente desde este punto de vista –el de los beneficios económicos y legales-, cae de cajón la reflexión típica esgrimida desde sectores más conservadores (aunque no los más conservadores, como veremos), que es ¿Por qué no se conforman simplemente con la ratificación legal de la “pareja de hecho”?

En efecto, si el perjuicio que implica no poder casarse fuera solamente económico o legal – en términos de patrimonio compartido y de la posibilidad de adopción- la regularización de las parejas “de hecho” bastaría para enmendar esa situación.

Pero la realidad es distinta; es cierto que detrás de la reivindicación del matrimonio homosexual existe un deseo por poder compartir el patrimonio, solucionar problemas con herencias y poder adoptar hijos, pero este asunto va más allá de los beneficios económicos y legales. Tiene que ver con un beneficio cultural, que se sitúa, si prefieren, en el nivel del imaginario colectivo.

Así es, porque la regulación y aprobación del matrimonio homosexual en Chile aportaría significativamente a mejorar la percepción de integración y de igualdad dentro de la sociedad chilena. ¿Por qué? Simplemente, porque dejarían de verse como casos excepcionales, que no pueden contraer matrimonio. Estarían legalmente en igualdad de condiciones que las parejas, y por ende los individuos, heterosexuales, lo que debería traspasarse al ámbito de la conciencia, fomentando a mediano plazo una disminución en la discriminación hacia lo que alguna vez fue lo “distinto”, lo “restringido”.

A su vez, la prohibición del matrimonio homosexual es una prohibición del Estado sobre los cuerpos y las autonomías de las personas, como identifica la activista española Beatriz Gimeno. Es –en términos legales- la prohibición que el Estado impone a dos personas que quieren someterse a un contrato abierto sólo para un tipo de persona, los heterosexuales. Por ello, es un acto según el cual el Estado coarta discriminatoriamente la autonomía de las personas sobre sus cuerpos: unos pueden, pero otros no.

Pero, como sabemos, existen ciertos mecanismos que impiden la existencia del matrimonio homosexual. En primer lugar, podemos identificar una serie de trabas culturales, que implican su rechazo, generalmente a partir de una matriz cultural judeo-cristiana, que identifica a los homosexuales como anormales, antinaturales y pecaminosos.

Por ello, resulta provechoso tensionar un poco esos conceptos: ¿qué es lo anormal? Básicamente, lo anormal es aquello que escapa a la norma, a la mayoría. Pero el juicio de valor que se le asigna a la minoría no tiene asidero, ¿o es que acaso, los colorines son malos, por ser la minoría?

Asimismo, podemos preguntarnos ¿qué es lo antinatural? ¿Lo natural es necesariamente bueno? ¿Entonces por qué no abrigarnos mejor con nuestras propias protecciones contra el frío y el sol –nuestros vellos-, por qué no alimentarnos sólo de lo que la tierra nos da? ¿O es que vivimos en un mundo completamente natural?

Analicemos la argumentación cristiana que se da en torno al carácter exclusivamente heterosexual del matrimonio:

Primero, se señala que el matrimonio monógamo y heterosexual es patrimonio de la tradición judeo-cristiana, y que, por lo tanto, es el cristianismo –refiriéndose a sus representantes más poderosos, por cierto- es que controla cómo éste se define y en qué circunstancias se puede aplicar.

Así, el matrimonio es definido como un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer, como una promesa que se hace ante Dios. La aplicación del matrimonio homosexual, por ende, se percibe como la perversión de este vínculo sagrado, como una afrenta contra Dios, y por ello, contra la moralidad.

Lamentablemente para estos cristianos, nuestras sociedades no son teocráticas –es decir, no se rigen por los textos sagrados de una religión ni sus líderes son líderes religiosos- y la religión está separada del Estado. Habitamos en un país cuyo Estado es laico, y donde la potestad de las Iglesias se ejerce en su propio ámbito, no sobre toda la sociedad. Por lo tanto, argumentar que algo es “pecado” no basta para prohibirlo jurídicamente.

Eso significa, también, que el matrimonio no es patrimonio de una sola religión, porque la tradición no es un derecho de propiedad intelectual, y porque la esfera de acción de las Iglesias corresponde sólo dentro de ellas, en tanto no tienen derecho de imponer sus puntos de vista sobre los del total de la sociedad. Si esto no fuera así, la figura del matrimonio civil –celebrado como un contrato laico, ante un ministro laico- no tendría sentido, y menos la del divorcio.

Con respecto a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, se dan otra serie de argumentos en realidad falaces. Uno de ellos es que el niño adoptado puede adquirir un concepto erróneo de familia y seguir el “camino” de sus padres: este argumento, vemos, se basa implícitamente en que las familias que no son heterosexuales no están “bien constituidas”, es decir, se basan en un juicio de valor sentado sobre patrones morales religiosos –que la homosexualidad es mala- y no laicos, pues las familias homosexuales no atentan necesariamente contra el orden público ni contra la integridad física de otras personas –invalidándose de paso el ridículo argumento que equipara la homosexualidad con la zoofilia, la pedofilia y otras parafilias completamente reprochables-.

Otro de los argumentos es que el niño adoptado puede ser molestado por sus pares. Argumento bastante pobre, por cierto, pues un hijo adoptado por homosexuales no es el único niño que posiblemente reproduzca conductas molestadas o que herede situaciones adversas. En ese caso, bueno sería también prohibir que se reproduzcan parejas heterosexuales gordas, de minorías étnicas, con enfermedades crónicas o pobres. O sea, una propuesta sin ningún asidero, más allá de la discriminación disfrazada de tradición. De hecho, lo más probable es que la liberalización del matrimonio homosexual ayude a su integración, más que a su rechazo.

Por lo tanto, la negativa a conceder el derecho de matrimonio a los homosexuales se explica solamente por una concepción mental en la cual los homosexuales son malos. Porque, como vimos, no existen más motivos de fondo para negarse.

Lógicamente, todas estas trabas culturales han encontrado su expresión política –es decir, relacionada al poder-, a través de trabas legales, que actualmente se encuentran en la legislación chilena, que impiden avanzar hacia la legalización del matrimonio homosexual.

Me refiero principalmente a aquellos artículos de la Constitución política chilena, según la cual el matrimonio está compuesto exclusivamente por un hombre y una mujer. Esta discriminación es agravada por el hecho de que la Constitución contemple que es la familia el núcleo central de la sociedad: ¿significa eso que todos aquellos individuos que no formen familia  no son parte del núcleo de la sociedad? O peor, ¿que deben ser excluidos de la sociedad? Esto, por supuesto, afecta también a heterosexuales que no han formado familias, pero afecta especialmente a aquella gente a la que simplemente no se le permite formar una familia.

Además, esta situación se ve particularmente dificultada por el carácter rígido de nuestra Constitución, determinado unilateral y autoritariamente gracias a la Constitución del ’80 que nos rige, que hace muy difícil modificar la Constitución, exigiendo una mayoría casi imposible de alcanzar debido al sistema electoral vigente, el binominal, que se encarga de sobrerrepresentar a la segunda mayoría política, que es, no tan sorpresivamente, el mismo grupo que impuso esa Constitución originalmente. Por lo tanto, este es también un problema político.

A pesar de todo esto que hemos señalado, el futuro no se ve tan negro para aquellas parejas homosexuales que quieran concretar su matrimonio, dado que en países con impedimentos similares –aunque en distinto grado- se han logrado importantes avances.

Por ejemplo, esta semana fue publicada una encuesta argentina en que el 66% de los encuestados estaba a favor de la legalización de los matrimonios homosexuales, a pesar de que el 57,3% se reconoció católico.

El otro ejemplo que puede ser esperanzador es la experiencia española. España, como sabemos, hace siglos ha sido considerada uno de los bastiones más fuertes del catolicismo, como se demuestra con su rechazo de moros, judíos y protestantes durante la Reconquista y la Contrarreforma, su historia monárquica, e incluso el carácter fuertemente católico de la dictadura Franquista.

Sin embargo, España se ha posicionado a la cabeza del movimiento que promueve esta igualdad entre géneros, como señala la ya referida Beatriz Gimeno, realizando la comparación con América Latina: “También parecía imposible en España hace diez años. Ahora no solo nos podemos casar en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales, adoptar hijos y las lesbianas tenerlos por inseminación artificial, sino que España ha “animado” a otros países, supuestamente más avanzados, como Suecia a aprobar dicho matrimonio.”

Por lo tanto, es necesario preguntarse cómo se explica que en países predominantemente católicos y tradicionalistas ocurra esto. La respuesta es simple: porque el catolicismo no es necesariamente discriminador, como muestra el caso argentino, en el que, a pesar de haber mayoría católica, se apoya abiertamente un avance en la materia. Es por eso que la negativa católica es, cada vez más, una negativa en las cúpulas de la Iglesia, más que en sus bases.

Este cambio paulatino se ha manifestado, por ejemplo, en la apertura de muchos políticos chilenos en torno al tema, por lo menos discursivamente. Es cierto que muchos han manifestado apoyar solamente discutir sobre las “uniones de hecho” entre homosexuales, promesa de futuro debate doblemente débil, ya que como vimos, estas uniones son insuficientes. Pero, a la vez, sería míope el desconocer que el solo hecho de que se reconozca que existe un problema es un avance. Nadie se habría imaginado hace 10 o 20 años que el candidato presidencial de la derecha manifestara un apoyo a las uniones de hecho entre homosexuales –aunque nunca sabremos si en realidad cree en ellas o sólo es parte de su discurso presidencial. Pero, en efecto, podría ser peor, pues hoy en día es la minoría conservadora que se opone siquiera a discutir el tema, ilustrada, por ejemplo, con las pataletas del Diputado Kast.

Pues bien, existen factores fundamentales en la sociedad actual, que permiten que cualquier persona, sea alguien ligado a la intelectualidad, o incluso, cualquier persona desde sus casas, pueda hacer algo relacionado con el periodismo. Esto es lo que se ha denominado “periodismo ciudadano”.

La explosión de nuevos medios de comunicación, tales como internet y sus variadas formas de expresión (blogs, podcast, video, fotografía, etc.) ha logrado que millones de personas a través del mundo logren compartir distintos contenidos que ellos generan para ponerlos a  disposición de todo el mundo. Por ejemplo, en nuestro país existe casi un 99% de penetración de la telefonía celular en general. Si pensamos que los teléfonos actuales se cambian a un ritmo promedio de 18 meses, las últimas tecnologías incluyen en estos aparatos elementos tales como cámara fotográfica digital, grabadora de voz y video e incluso gps, por lo que elementos que podrían haber sido ajenos a la población hace unos pocos años, son elementos que se han hecho parte de nuestra cotidianeidad. En la medida de que estos elementos son utilizados, por ejemplo una fotografía de celular subida a un portal de contenido fotográfico, como flickr, fotolog, o incluso facebook, se está generando contenido susceptible de ser compartido con otras personas y analizada y criticada por ellos. Si a eso le sumamos la capacidad de que las personas se consideren a sí mismos capaces de generar análisis de lo que ven en su día a día, incluyendo los medios anteriormente señalados (audio, video, fotografía, etc.), podemos observar que la cantidad de información que se genera y se comparte al resto de la sociedad ha aumentado exponencialmente en los últimos años.

A la generación y publicación de contenidos por parte de la ciudadanía, debemos agregar otro fenómeno fundamental y directamente ligado con lo anterior: la crisis del periodismo tradicional. Esta crisis del periodismo tradicional, se ha derivado de dos elementos fundamentales. En primer lugar, la ya mencionada democratización al acceso y publicación de contenidos. Dicha publicación de contenidos, generada en medios como Internet, ha rivalizado con la hegemonía de los conglomerados periodísticos tradicionales, en la medida de que disputan no solamente a los lectores tradicionales, sino que también implica que los nuevos lectores que se están integrando al mundo digital, prefieran su manera de expresar dichos contenidos, al verlos desde una perspectiva más cercana, dando incluso la posibilidad de participación de ellos mismos en aquél tipo de medios. Por ejemplo, es muy común que en las páginas de periodismo alternativo (como ciperchile, de un cariz más político, o fayerwayer.com, desde la perspectiva de la tecnología, larompieron.cl desde el futbol, entre muchos otros) tengan integrados en su página web, la posibilidad de que los usuarios comenten las noticias y que, en esos comentarios, se genere una discusión mucho más fecunda que la tradicional lectura de un artículo en donde no existe un cuestionamiento a lo escrito, o si existía, era imposible socializarlo al resto de la población. Con la Web 2.0, tenemos que dicha crítica es leída por todos los lectores de un medio en particular, por lo que la construcción de conocimiento se genera desde una perspectiva mucho más abierta que en el periodismo tradicional, el cual por la presión de estos medios, ha tenido que aceptar y adoptar este tipo de plataformas en sus publicaciones web.

El segundo elemento que ha generado que el periodismo tradicional vaya en decadencia, y muy ligado a lo anterior, es que los modelos de negocios que ellos manejan (publicidad + impresión en papel) ha ido en franca decadencia en los últimos años. En un mundo virtual, la gran mayoría de los contenidos a los que una persona puede acceder, son gratuitos, por lo que los modelos de impresión periodística en papel, no son mayormente necesarios como hace unos 10 o 15 años, en donde internet tenía un papel minoritario. A su vez, el negocio de la publicidad también ha entrado en este juego, en donde los métodos de monitoreo de la efectividad de los anuncios son mucho más directos y de mejor calidad que los medios tradicionales. La interactividad con la publicidad, la forma en la que está planteada e, incluso, la segregación para ciertos públicos objetivos, es mucho más potente en medios como internet. Esto ha hecho que los recursos disponibles para el periodismo tradicional hayan disminuido significativamente.

Un claro ejemplo de esto es lo sucedido en el tradicional periódico “The New York Times”. Lindsey Hoshaw, una periodista freelance, tuvo que recurrir a donaciones particulares para una investigación que estaba realizando para el New York Times. Necesitaba US$10.000 para su reportaje y el diario se había comprometido a pagarle US$700 por las fotos, más un extra si compraba el texto. Pero ella debía reunir los fondos para su investigación. Explica sobre esto el editor del New York Times, Clark Hoyt:

“Mientras los ingresos por avisaje decaen y las tecnologías cambian drásticamente las relaciones entre el público y los medios, The Times está buscando nuevas formas de financiamiento lejos de los viejos modelos, en que los editores deciden cuál es la noticia, asignan sus propios reporteros y pagan los gastos, todo ello financiado por cientos de avisadores, ninguno lo suficientemente grande como para influenciar el trabajo periodístico”, escribió Hoyt.

Anteriormente El NY Times había publicado reportajes de ProPublica, un centro de investigación periodística sin fines de lucro que está innovando en sus forma de actuar. En junio firmó un acuerdo con la agencia Associated Press (AP) junto al Center for Investigative Reporting, el Center for Public Integrity y el Investigative Reporting Workshop. Desde entonces, los medios suscritos a AP pueden publicar gratuitamente los trabajos de estos centros, lo que amplifica el impacto de las investigaciones periodísticas que son financiadas por filántropos y pequeñas donaciones de particulares. Además, Pro Pública creó una red de reporteros entre sus lectores. El primer proyecto busca apoyo de los ciudadanos para confirmar que los US$ 27 mil millones desembolsados por la administración del presidente Barack Obama se estaban gastando correctamente. ¿Se están pavimentando los caminos y construyendo los puentes anunciados? Sólo quienes están repartidos por todo el país pueden saberlo y a eso Pro Publica lo llamó Servicio Público 2.0.

Otro claro ejemplo de cómo el periodismo ha tenido que reconvertirse para enfrentar los nuevos tiempos, es lo que ha hecho el prestigioso periódico inglés The Guardian está llevando a cabo un interesante experimento. Luego de que The Daily Telegraph revelara los escandalosos gastos de los parlamentarios, los medios contaban con 457,153 páginas de documentos y facturas relativos al caso. Simplemente inabarcable. Por eso The Guardian los subió a su sito web e hizo un llamado a sus lectores para que investigaran a sus propios parlamentarios y les informaran de los resultados. Hasta hoy, 220 mil personas han revisado más de 188 mil documentos. Los lectores deben clasificar y evaluar los documentos, además de comunicar qué han encontrado. Con estos datos, el diario pretende hacer su propio reportaje.

Todo lo anterior suena bastante bien. Suena que los medios tradicionales se han abierto para que los ciudadanos trabajen codo a codo para la construcción de un mundo con mayor cantidad de información y, lo que es más importante, que dicha información sea producida de manera democrática. Sin embargo, esa misma democratización de la información es uno de los elementos más peligrosos que puede tener el “periodismo 2.0”. Por una parte, puede generar que grupos inescrupulosos actúen tergiversando y manipulando la información disponible en beneficio de sus propios intereses particulares, lo que se ha podido ver a lo largo de toda la historia del periodismo, pero en una magnitud tan grande y amplia (al poder participar en cada uno de los temas existentes en blogs, foros y otras comunidades), que manipularía las conciencias de los ciudadanos que se basan en dichos comentarios para decidir aspectos importantes de sus vidas, como por ejemplo los múltiples foros y blogs dedicados al análisis de artículos tecnológicos, los cuales son el mejor lugar para informarse para la posterior compra de dichos artículos. O bien, en el análisis político de noticas mucho más importantes e, incluso, en los debates concernientes a ciertos temas específicos (como la neutralidad en la red).

Pero otro elemento mucho más importante que la manipulación (algo que siempre ha existido), es la calidad de la información que circula en la web. En la medida de que la publicación de contenidos es algo ya democratizado dentro de un mundo virtual, la calidad de dichos contenidos puede distar mucho de ser óptima. Podemos explicar esto en la medida de que las personas que leen ciertos artículos en los cuales ellos no son los suficientemente doctos, pueden tender a la errónea información, desinformando y generando erradas conclusiones para quien lo lee, que alguien que ve un artículo correctamente escrito, con todas las fuentes consultadas, tal y como lo haría alguien habituado a ello. Por tanto, se genera esta complejidad para quien lee algún tipo de información. Blogs y foros de opinión se van transformando en opiniones válidas, sin importar que sean o no artículos escritos con el objetivo de informar correctamente a quien lee. A veces, incluso, se escribe sin saber, sólo por opinar de algo.

Por tanto, nosotros en Factor Universal, llamamos a todos nuestros auditores a intentar informarse lo más posible y nunca aceptar de llano lo que reciban por la prensa, sea escrita, por radio, televisión u otro medio, para que puedan contrastar las informaciones, y así puedan formarse su propia opinión, en la medida de que mientras más información puedan recabar sobre un tema en específico, mejor será para toda la sociedad en su conjunto.

Este debate se originó por iniciativa de los medios Terra y Cooperativa, quienes el día 7 de mayo inauguraron el sitio web www.porundebateonline.cl, sitio del cual obtuvimos la información que ahora les contaremos, y que invitamos a visitar.

Como dice la misma página: “El debate presidencial de Terra y Cooperativa fue el primero propuesto en el presente año electoral, y el único pensado para y por un medio de Internet. La invitación era inédita y más novedosa que la simple transmisión web de un encuentro de presidenciables que –como se vio y se sigue viendo- reduce a Internet a mero accesorio tecnológico y a invitada secundaria a debates de otros.”

Rápidamente, todos los candidatos presidenciales aceptaron gustosos la invitación, muchos de manera hasta ridícula, en una nada sutil imitación del llamado “estilo Obama”. Sin embargo, a pesar del fervor inicial, tres de los cuatro candidatos retiraron su disposición a participar en el debate…

Vea aquí las contradicciones y maromas en las que caen nuestros supuestos servidores públicos…

El primero en confirmar su asistencia vía escrita fue Marco Enríquez-Ominami, quien el 25 de mayo, quien inició su documento de aceptación criticando a los otros candidatos, quienes se habían negado al debate según él. Dice:

“Quiero saludar y celebrar la iniciativa de Terra y Cooperativa de realizar un debate presidencial. Por estos días la idea de enfrentar ideas, programas, sueños y miradas sobre el Chile que queremos ha sido descartada en más de una oportunidad por los candidatos de distinto signo.”

Continúa Enríquez: “A riesgo de parecer autorreferente, nuestra candidatura ha emplazado en más de una oportunidad al resto para desarrollar encuentros de esta naturaleza y la respuesta ha sido negativa ó evasiva.”

Considerando que Enríquez posteriormente canceló su participación en el debate pareciera que más que autorreferente, fue autohumillante. Para la próxima, más cuidado al escupir al cielo.

Después, Ominami prosigue con la ya clásica y repetida hasta la saciedad crítica a los, comillas, “políticos tradicionales”, de los cuales obviamente excluye a sí mismo y a su clientela, padre incluido, diciendo: “Creo que la desafección de la sociedad para con la política responde, en parte, a la escasa transparencia de los líderes políticos tradicionales, más acostumbrados a debatir en espacios reducidos y de espalda a la ciudadanía que a hacerlo de cara a ésta. Nuestra clase política no acostumbra a someterse a reglas mínimas de transparencia y considera que la desinformación sobre sus fortalezas y debilidades es parte de las formas para mantener y reproducir su poder.” Sin embargo, el candidato ni se inmutó para cancelar su participación en el debate. ¿No será acaso que no es tan diferente como se pinta?

Después, Enríquez prosigue su documento con una alusión al neologismo de la política 2.0, al parecer sin mucho trasfondo, dado su bajo compromiso con lo que él mismo postula. Dice: “La política 2.0, sin embargo, consiste en derribar esa muralla que separa al político y/o candidato de las inquietudes de sus electores. Es mucho más que un canal, un medio o una determinada tecnología. Política 2.0 significa utilizar los medios de comunicación e información hoy disponibles para establecer un vínculo recíproco entre ciudadanía y autoridad (o postulante a ella); someterse a una evaluación permanente y estar disponible para liderar sueños y demandas de aquellos en cuyo nombre hablamos día a día.”

Por lo tanto, hasta el momento, ni siquiera él mismo aplica lo que llama política 2.0, en la práctica la supuesta reciprocidad entre ciudadanía y autoridad no es más que saludar vía facebook o twitter. O sea, nada más que una política 2.0 superficial y vacía.

El segundo candidato en lanzar un rimbombante documento de aceptación –luego desmentido- fue Sebastián Piñera, quien, luego de haberse comprometido el 7 de mayo a participar mediante video publicado en Youtube y en Terra, el 16 de junio tituló su documento de aceptación en inglés: “You’re not just another brick in the wall”.

En el emotivo documento, se dio lujos como citar a Pericles –quien esperamos no se esté revolcando en su milenaria tumba-, a Pink Floyd y pregonar la llegada de la famosa política y web 2.0. Escuchemos las palabras del candidato:

“Como dijo Pericles: “Somos los únicos, en efecto, que consideramos al que no participa de estas cosas, no ya un tranquilo, sino un inútil”. Y es por esto que celebramos con mucho entusiasmo la iniciativa que ha decidido tomar Terra y Cooperativa. El debate online constituye un acto de participación ciudadana y de sana democracia.”

¿Podemos deducir, entonces, que la falta del debate evidencia la nula participación ciudadana y que malamente podemos calificar de sana a esta democracia?

Posteriormente, el candidato introduce la infaltable mención a la política 2.0.

Señala: “Sin duda que la política 2.0 se ha transformado en la gran noticia de los últimos meses y en uno de los pilares fundamentales de esta nueva campaña presidencial. Gracias a ella se nos abre una tremenda oportunidad para darle un nuevo aire a la democracia. Se produce una relación más horizontal, donde las personas ya no necesariamente tienen que ocupar los medios de comunicación tradicionales para comunicarse con sus autoridades y viceversa, sino que lo pueden hacer de manera directa, franca y transparente.”

Entonces, ¿el candidato postula que la tendencia del futuro es el surgimiento de estos medios más horizontales y democráticos, en desmedro de los medios de comunicación tradicionales, por ende, verticales y autoritarios? Resulta por lo menos extraño, considerando que quien habla es dueño de un canal de televisión.

“Esta es la primera elección en Chile donde los nuevos medios de comunicación tendrán algo que decir. No se trata sólo de tener un sitio Web, sino de establecer una comunicación social con la gente a través de estos canales y para esto el propio candidato debe entender que la Web 2.0 es mucho más que un nombre, es una actitud. La que exige mayor cercanía, relación directa con los usuarios y escuchar lo que los chilenos quieren para su país.”

Estas palabras son bastante ciertas, pero no podemos si no dudar de la honestidad de ellas ante el escenario actual, en el que quien mismo dijo esto terminó por desertar del debate que supuestamente ejemplificaba esta nueva relación.

“Esta actitud no debe manifestarse solamente en la campaña, ya que el uso que el candidato de a Internet en esta elección tiene que ver directamente en cómo relacionará su Gobierno con los ciudadanos. Por esto creemos que llegó el tiempo en que el Estado y la Democracia se pongan al día: queremos pasar de una democracia representativa a una participativa. Queremos pasar de un ciudadano pasivo a uno activo. En definitiva, de una democracia formal a una vital, donde los ciudadanos no serán, como diría Pink Floyd, un ladrillo más en la pared, sino ciudadanos informados y plenos.

“Con estas medidas lograremos que nuestra democracia sea más grande, libre y fuerte. Iniciativas como un debate online nos permitirán tener una comunicación horizontal y lograr que más gente conozca nuestros proyectos, ideas y sueños que tenemos para Chile y que hemos ido construyendo junto con la ciudadanía.”

Por último, el tercer integrante del triunvirato desertor, Eduardo Frei, el 18 de junio, aceptó asistir al debate a través de un texto titulado: “Poder para las personas: Por qué acepto el debate”. En él escribió con gran convicción:

“Acepto la invitación para ser parte del debate online porque entiendo que las redes sociales son el nuevo ambiente donde se desarrolla la democracia.

“Es en estos espacios donde los ciudadanos son parte de millares de conversaciones simultáneas. Donde a cada segundo se intercambian ideas, sentimientos, opiniones y conocimiento nuevo. Donde se levantan nuevas causas. Donde se va construyendo, colaborativamente, un nuevo mundo, una nueva era, un nuevo país.”

Tenemos que preguntarnos entonces qué pasa cuando estas redes sociales son ignoradas, considerando que según Frei son el nuevo ambiente donde se desarrolla la democracia: ¿está entonces ignorando la democracia? Lo mismo pasa al ser éstas el espacio de la construcción colaborativa de nuestra sociedad… termina por consolidarse un concepto no colaborativo de construcción política.

Continúa el candidato aludiendo al valor de esta experiencia. Dice: “Me sumo gustoso a esta experiencia, porque creo en el valor de la conversación y porque esta es una oportunidad de escuchar, desde los mismos ciudadanos, sus propuestas, preguntas, demandas, emplazamientos, ideas, críticas y sueños. Sin intermediarios. Sin temas vedados.” Continúa Frei: “Porque, finalmente, ¿de qué tiene que tratarse esta campaña y todas las campañas? Principalmente, de ocupar la oportunidad de “agrandar la mesa virtual”, para que sean miles, y no unos pocos, quienes tengan la oportunidad de hacer que sus puntos de vista y sus ideas sean escuchadas y acogidas.

Por ello, negarse al debate es no escuchar a los ciudadanos, es no atender sus propuestas, preguntas, demandas, emplazamientos, ideas, críticas y sueños. Es perpetuar la estructura de intermediarios censuradores, es seguir vedando temas. Es mantener la mesa tan chica como siempre ha sido, en la cual sólo se han rotado sus asistentes, con suerte.

Más adelante, señala que “Quienes nos consideramos progresistas creemos que las respuestas son mejores si surgen de abajo hacia arriba, porque de esa forma recogen las demandas de las comunidades y van perfeccionándose en el camino.” Y continúa, “Por eso decimos que creemos en la sociedad civil. Por eso creemos que no da lo mismo cómo se hacen las cosas. Y por eso mi gobierno será parte de esa transformación y se atreverá a transferir –usando para ello la red- poder real a los ciudadanos.

Qué bonito es ser progresista, ¿no? Y pareciera que, además, es bastante fácil serlo, bastando la mera enunciación de una cualidad para adquirirla. Pero, ¿cuánto de ese progresismo hubo en el gobierno del señor Frei? ¿Por esa construcción “desde abajo”, desde la sociedad civil, se referirá a las protestas frente a las embajadas de España e Inglaterra que exigían el regreso de Pinochet? O quizás se referirá al “desde abajo” de los regalitos que sus ministros recibían en medio de escándalos como el de las casas Copeva.

Y así concluye esta carta fallida de aceptación, señalando que “Poder para participar e influir. Para fiscalizar al Gobierno. Para impulsar los cambios que Chile necesita. Poder, en último término, para hacer un país mejor.” Pero, para los que no lo habían notado, ese poder no existe, es negado, e incluso es motivo de burla, de adoración discursiva y desconocimiento real. Y este fallido debate no es sino una prueba más de esto.
Entonces, de la confrontación entre los discursos de los candidatos y sus actos, podemos sacar en limpio la siguiente conclusión: Todos utilizan hasta el cansancio las expresiones de participación ciudadana, de política 2.0, de diferencia con la clase política. Pero, ¿qué pasa cuando tienen en sus manos los medios para aplicar todo eso, cuando cuentan con más de 4 mil inquietudes para atender? Deciden rechazar la oportunidad, aún cuando ello implique desmentirse y deslegitimarse, incluso de manera coludida según sugieren los administradores del sitio del debate.

Por lo tanto, podemos concluir que para los 3 candidatos la participación ciudadana no es más que un discurso, un discurso bien planteado, que identifica correctamente las falencias de nuestra democracia. Y quizás es eso lo más triste, que el problema no es de ignorancia, sino de voluntad; no es un problema de incapacidad, es un problema de poder.

Por una parte, el Colegio de Profesores, apoyado por la CUT, señala que dado que la Deuda ya es impagable, aceptan como reparación el pago 10% de ella, un bono de aproximadamente 5 a 10 millones por docente.

Sin embargo, el Gobierno se basa en la posición de la Corte Suprema y la Contraloría para negar el pago de la deuda histórica o de la reparación en forma de bono, estableciendo a su vez que descontará dinero de las subvenciones por cada día sin trabajar (es decir, en paro), debido a posibles represalias de la Contraloría.

Como bien sabemos, la prensa masiva generalmente se limita a constatar que los profesores se van a paro, enfatizando principalmente el perjuicio que esto causa a los alumnos. Sin embargo, como suele suceder, el trasfondo de las luchas sociales es ignorado en el mejor de los casos, cuando no negado.

Para llegar al fondo del asunto es necesario cuestionarse, ¿de dónde surge esta “deuda histórica”?:

Según el Colegio de Profesores, “El año 1981 se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 3.551 que dispuso un régimen de remuneraciones para el sector público, estableciendo en su artículo 40 una ‘asignación especial’ no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.
Para hacer efectivo el pago de este beneficio se fijó un calendario que debía ser cumplido entre 1981 y 1984. Sin embargo, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, a pesar que el Gobierno Militar fijó el mes enero de 1988 como último plazo para el pago de este derecho.”

Analicemos las posiciones que han asumido distintas instituciones al respecto:

En primer lugar, la Contraloría, ha sostenido que la deuda está derogada por una serie de razones:

La primera, que la asignación del Decreto Ley 3551 era otorgada sólo a aquellos profesores que optaron por mantener el régimen de remuneración público, pasando a ganar las remuneraciones del sector privado. Si bien el número de estos no se conoce, es bastante bajo –con suerte un 10%-, lo que reduciría dramáticamente el monto total a ser pagado.

La segunda razón, que ahora tiene que ver con la totalidad de los docentes, es que el DFL 3551 quedó totalmente derogado con la dictación de la Ley 19070 en 1991, el estatuto de los profesionales de la educación, según el cual todos los docentes pasaron a depender del mismo régimen remuneratorio, es decir, que en el caso de los pocos profesores que siguieron dependiendo del régimen público, la deuda se acumuló en el mejor de los casos sólo hasta el año 1991, no hasta hoy. Dado que han pasado más de 18 años desde aquel año, la Contraloría considera que la deuda está prescrita, concluyendo que “desde el punto de vista interpretativo de la Contraloría”, “no hay ningún profesor que pueda requerir hoy el pago de asignaciones derivadas del Decreto Ley 3551″.

Por su parte, la Corte Suprema ha apoyado estos razonamientos legalistas, denegando el pago de la “deuda histórica”, o más bien señalando que no existe legalmente, debido a la pertenencia de los profesores al sistema privado y a la prescripción debido al paso del tiempo.

¿Cómo han respondido a esto los sectores que apoyan una solución que vaya más allá del desconocimiento del problema?

En el Parlamento, por ejemplo, como reflejo de la postura transversal de los partidos políticos, se generó el Proyecto de Acuerdo N° 648 que solicitó la creación de una “Mesa Especial de Justicia Social Docente”, en la cual participaran representantes del Gobierno, de las Municipalidades, y del Colegio de Profesores, con el fin de dar solución a la deuda. Es decir, si bien el Congreso convoca a una mesa cuyos resultados no son muy alentadores, considerando que dos de las tres instituciones representadas son reacias a las demandas docentes, por lo menos reconoce la existencia del problema de la deuda histórica.

Además, en los antecedentes que argumentan tal Mesa, los parlamentarios involucrados señalan algunos contraargumentos ante las posturas de la Contraloría y la Corte Suprema, como por ejemplo, cito:

“Durante años numerosos profesores han recurrido a los tribunales de justicia, cuyos resultados han sido dispares, pero que incluso en casos donde las sentencias han sido desfavorables para los recurrentes […] el fundamento radica en “la excepción de prescripción de la acción”, cuestión meramente formal […] circunstancia que si bien tiene sustento jurídico no invalida el fondo de la situación, dada la existencia de las leyes y decretos que lo avalan y el conocimiento público que dicha obligación no fue en su oportunidad ni en lo sucesivo cancelada, meramente por falta de recursos económicos de los municipios que asumieron la responsabilidad de administrar la educación”.

En resumen, este grupo transversal de diputados reconoce que si bien existen detalles legales que ponen trabas a la existencia de la deuda, el fondo del asunto sigue vigente, pues el pago se había acordado, por lo que las posteriores prescripciones y derogaciones no pueden actuar de manera retroactiva.

Este es, por tanto, un problema social, que no desaparecerá solamente por la aplicación de la doctrina jurídica, como analizan los parlamentarios, cito de nuevo: “Por tanto, la obligación existe, y como tal se transforma en un problema de orden moral del Estado de Chile, que éste no puede desconocer, por las graves consecuencias económicas, previsionales y sociales que se han provocado en los docentes afectados”.

Por lo tanto, el problema de la deuda histórica, al haber causado grave perjuicio a los docentes, pasa a ser un problema social, afectando de paso a la educación en general. ¿Cómo espera el gobierno incentivar la formación de excelencia de profesores, si los estímulos para que la gente más capaz se dedique a ello son nulos? ¿Cómo espera el gobierno que los actuales docentes realicen sus funciones eficientemente si se les crean condiciones desfavorables para ello?

Así, la disyuntiva entre “gastar plata para la solucionar la deuda histórica” e “invertir dinero en calidad de la educación” es ilusoria, pues en realidad ambas acciones no se contradicen sino que por el contrario son complementarias, al contrario de lo sostenido, por ejemplo, por el periodista Daniel Matamala de Canal 13, quien, olvidando su supuesta objetividad, en una entrevista con el Presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, sofistamente argumentó que por qué mejor el gobierno no destina esos dineros a “mejorar la educación”, en lugar de atender reclamos gremiales. Lamentablemente, Gajardo se encontraba en un ambiente donde no pudo abandonar un tono políticamente correcto, pero perfectamente podría haber planteado una contrapregunta en la cual cuestionara por qué el periodista no dona unos 5 millones a la educación, si de regalar el sueldo se trata.

Según los propios proveedores de internet, ellos no aplican ese tipo de prácticas (según declaraciones explícitas de VTR, por ejemplo) y, si llegaran a hacerla, no lo hacen para restringir la libertad del usuario. Al contrario, puesto que al generar ciertas restricciones, lo que están haciendo es bajar los costos de internet a la “gran mayoría” de los navegantes, mientras que esa pequeña minoría que descarga música, o que descarga más de un 1 gb de datos mensuales, generaría una sobreutilización de las redes, algo que no tendría sentido puesto que estas redes son de propiedad de las ISP.

Por ejemplo, a muchos nos pasa que estando en la Universidad no podemos ver contenido de Youtube, subir o bajar archivos, el tráfico de internet basado en servidores extranjeros es extremadamente lento, etc. En estos casos, se puede observar claramente que existen restricciones a la libertad de los usuarios de elegir en qué sitios sí se puede navegar y en cuáles no, algo que sería “aceptable”, en la medida que dichas redes son propiedad de un organismo que busca su utilización bajo ciertos preceptos y, además, su función principal no es ser proveedor de internet, sino que es la enseñanza “persona a persona”. Si este tipo de bloqueos lo llevamos a la esfera de la internet comercial, es decir, la provista por las empresas de telecomunicaciones, no puede ser aceptable en la medida de que el consumidor está pagando por el libre acceso a la red. A su vez, esto puede llevar a que el acceso a páginas de la competencia pueda ser ralentizado o, incluso, denegado, al ser considerada como dañina para nuestros computadores. Dado a que la gran mayoría de los usuarios de internet no tiene una formación apropiada para navegar por internet, es muy probable que confíe en los avisos de riesgo de las compañías y esto haga que se evite navegar en lugares que podrían ser perjudiciales para las compañías proveedoras.

Otro elemento importante de este hecho, es que se aduce que el actual modelo de negocios de los ISP, está basado en ofrecer navegar por cualquier sitio a un precio determinado por la velocidad contratada. Si podemos recordar lo que sucedía antiguamente, uno pagaba la conexión basándose en el tiempo que se estaba conectado. Actualmente existen planes de este tipo, pero la banda ancha ha tenido tal penetración en la sociedad, que es el modelo de negocios predominante. Ahora bien, ¿a qué se aduce a que la forma de navegar actual, impide a las compañías mejorar sus modelos de negocios? En que la forma de navegación es del tipo libre, es decir, podemos acceder donde sea, publicar nuestros propios contenidos (Web 2.0) y comunicarnos con otras personas, estén en el lugar que estén.

¿Pero, cómo se podría cambiar ese modelo de negocios? Las compañías han establecido que el ideal de contrato de internet, sería el pagar por acceder a determinados tipos de contenidos. Es decir, pagar para acceder (por ejemplo) a youtube + google + comprar por amazon.com. En este sentido, ¿Dónde queda la libertad de elegir donde navegar, a qué contenidos acceder o, incluso, si una persona desea generar sus propios contenidos? Incluso, si nos adentráramos a una teoría conspirativa mucho más amplia, las empresas podrían incluso manipular a sus suscriptores a ver contenidos filtrados ideológicamente, tal y como sucede en China u otros países con similares características. Al contrario, para poder acceder ilimitadamente a todos lo que internet nos ofrece, habría que pagar por un “servicio Premium”. Las empresas aducen así, que tendrían la libertad suficiente para mejorar sus servicios, para establecer tarificaciones acordes a lo que los usuarios necesitan y que, por sobre todo, se evitaría todo tipo de abusos en lo concerniente a descarga de material ilegal (música, películas, libros, etc.), o bien, de la protección de la “inocencia de las personas”.

Nosotros, como programa de Derechos Humanos, nos preguntamos: ¿Es esta una forma de proteger a los ciudadanos, restringiéndoles la libertad a acceder a la información? Un servicio que es pagado, como internet, no se transformaría en algo doblemente prohibitivo en la medida de que, en primera instancia, ya no se podría acceder libremente a los contenidos que cada uno desea, sino que estarían reducidos por las “necesidades de las empresas” de mejorar la libertad de sus modelos de negocios. Pero, si hay libertad en los modelos de negocios, ¿por qué no para los usuarios?

Los delitos antisindicales generalmente consisten en:

-          Actos de injerencia o limitación al derecho a negociar colectivamente;

-          estímulos a los no sindicalizados;

-          hostigamiento a los representantes de las organizaciones sindicales (despidos o modificaciones de condiciones laborales), y

-          prácticas generales como presión y amedrentamientos a los socios y dirigentes

En el último informe de la Dirección del Trabajo, correspondiente a la recopilación de sentencias ejecutadas en el primer semestre de este año, se da cuenta de 19 multas cursadas a empresas, entre las que destacan Supermercados como Líder o Santa Isabel, e incluso una Universidad, la del Mar.

Estos casos se suman a otras grandes empresas ya multadas por prácticas sindicales en el segundo semestre del 2008, como por ejemplo los supermercados Líder, Alvi y Unimarc, además de Farmacias Ahumada, Tur Bus y el operador del Transantiago, Alsacia.

Estos datos se pueden interpretar considerando dos factores principales: primero, considerando su número; y segundo, considerando su valor.

Con respecto al primer criterio, el número de multas en total es bastante bajo. En el informe del primer semestre del 2009 se da cuenta de que sólo se cursaron 19 multas en 6 meses, por prácticas antisindicales. Cabe preguntarse entonces, ¿son estos los únicos casos en los que se pasan a llevar los derechos sindicales? En caso de que la respuesta fuera negativa, ¿qué porcentaje de éstos efectivamente constituyen?

En tanto, el segundo criterio, el del valor de las multas, se calcula a partir del valor de la Unidad Tributaria Mensual (UTM), que actualmente bordea los 37 mil pesos. Considerando que las multas se encuentran entre el rango de 20 y 150 UTM, es posible calcular su valor entre el rango de 740 mil y 5 millones y medio de pesos. Si el valor de las multas son contrastadas con el total de las utilidades de –por lo menos- las grandes empresas que nombramos, podremos ver que las multas corresponden a un porcentaje bastante ínfimo de ellas y que, por lo tanto, no causan mayor perjuicio a las empresas que vulneran la legislación sindical. No es de extrañar, por lo tanto, que de hecho se repitan empresas en los sucesivos informes sindicales, como por ejemplo el supermercado Líder.

Entonces cabe preguntarse si las multas son adecuadas. ¿Cómo definir si lo son?

Un paso básico para establecer si las multas son suficientes es primero cuestionarse cuál es el objetivo de ellas: ¿son para prevenir los abusos por parte de los patrones? ¿Son para castigar la acción de los empleadores? ¿Son para reparar los perjuicios causados a los trabajadores? Ya vimos que el valor de las multas es bajísimo en contraste con las utilidades de las empresas, por lo tanto, el impacto en la conducta empresarial también será bastante menor, a no ser que se den movimientos de boicot ciudadano a las empresas nombradas en estos informes, situación que nosotros vislumbramos ideal, pero bastante lejana en la práctica. Entonces, si la meta de las multas es prevenir o castigar el atropello de los derechos sindicales, ese objetivo no se está cumpliendo, porque el hecho de que la ley contemple penas absolutas (y no en relación a las utilidades de la empresa, por ejemplo) lleva a que en la práctica pagar estas multas sea casi un chiste para las empresas grandes.

Por otra parte, si el objetivo de las multas es retribuir a los trabajadores afectados por las prácticas antisindicales, tampoco esto se logra de manera satisfactoria, pues el dinero es recaudado por el fisco y destinado a su propio presupuesto, y por lo tanto los trabajadores directamente afectados ven una proporción demasiado pequeña de él.

Entonces, dentro del tema de las multas, se puede decir que éstas son bastante perfectibles, tanto en su cantidad como en su valor o su destinatario. Sin embargo, creemos que el asunto de las multas es más bien uno secundario, en tanto la verdadera dignificación del trabajo no puede venir sino de la organización colectiva de los trabajadores. La “legislación laboral” entonces, debe apuntar más allá de un sistema de garantías a los derechos laborales individuales (como el reparo de los perjuicios por parte del empleador), abarcando también derechos laborales colectivos, a través de derechos plenos a la asociación y a la sindicalización.

Dicha necesidad de una serie de reformas para garantizar los derechos laborales colectivos, puede verse ejemplificada en el polémico fallo de la Corte de Apelaciones, sucedido el 8 de Septiembre pasado. Dicho fallo, confirmó la sentencia del Séptimo Juzgado, el cual indica que es posible la baja de sueldos en la medida que el IPC es negativo. Por tanto, la institución demandante –la empresa Pizarreño S.A–, quien estaba envuelta en una negociación colectiva con el sindicato de la empresa, logró que se considerara legal, la baja de sueldos de sus empleados basándose en que el IPC ha bajado un 0,6 % hasta la fecha. Es decir, se contravienen todos los principios de una negociación colectiva, en el sentido de que su objetivo fundamental es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y no empeorarlas. Como bien dijo la Ministra del Trabajo, Claudia Serrano, “El piso de una negociación colectiva es cero, no menos cero. La posibilidad de negociar y discutir es mejorar las condiciones de los trabajadores y no al revés. No obstante, que nosotros tengamos esta opinión no significa que objetemos los fallos de la justicia”, fueron sus palabras.

Otro asunto polémico del fallo anteriormente señalado, es que la Corte de Apelaciones ha sido, históricamente, un ente que ha desfavorecido las demandas de los trabajadores. Lo anterior podría explicarse, según el dirigente de la CUT, Victor Ulloa, que el presidente de la “sala laboral” de dicha instancia judicial, Patricio Valdés, ya ha sido cuestionado por sus vínculos con el empresariado, lo que incluye su paso por la gerencia general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) entre 1975-1979.

Las reformas que garanticen las necesidades y derechos de los trabajadores, además de evitar situaciones como la anteriormente señalada, han sido consideradas por el gobierno actual, como uno de sus ejes fundamentales en su última etapa. Es decir, en el año actual, deberían estar consideradas como uno de los proyectos de ley prioritarios en los últimos meses del gobierno de Bachelet. Sin embargo, ¿ha sido esto así? Sin duda que no. Por una parte, dada la situación económica del país (recesión o nulo crecimiento económico), el Gobierno ha indicado la necesidad de postergar dicho debate hasta un momento de mayor estabilidad económica. Pero, nosotros nos preguntamos, ¿es acaso una crisis económica, una coyuntura para violar los derechos de los trabajadores? ¿Se puede dar ese “chipe libre”, en la medida que el crecimiento económico es un hecho prioritario para toda la sociedad? Nosotros, consideramos que una cosa no es excluyente de la otra. Es decir, los derechos de los trabajadores deben estar por sobre las coyunturas económicas existentes, respetándose siempre en la medida de que los trabajadores son el motor fundamental de la economía (y no las herramientas bursátiles, como se nos suele hacer creer). Por ejemplo, las cifras que indican que los empleadores prefieren despedir masivamente a sus trabajadores, en vez de bajarles momentáneamente su sueldo, son pan de cada día, y obviamente no generan un aliciente para la economía del país. En la medida que gran cantidad de personas sean incapaces de acceder a bienes y servicios elementales (o incluso, con valor añadido) dada su situación contractual, es uno de los grandes frenos de la economía. Incluso cuando se habla de las “colocaciones bancarias”, o créditos de consumo. Sin trabajo digno, no hay crecimiento de ninguno de los parámetros económicos tradicionales, por lo que uno de los imperativos sociales de todo gobierno, es proteger a sus trabajadores y sus condiciones, tanto laborales, como de subsistencia.

Para esto, es fundamental el tema de los derechos políticos, es decir, ¿quiénes legislan? Si no son los mismos trabajadores, ¿son por lo menos sus “representantes”?